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Nerva, está recibiendo estos días una parte de las 110.000 toneladas de residuos peligrosos que está previsto que lleguen desde Montenegro y que aumentarán el deterioro de la vida de una comarca que viene sufriendo secularmente las consecuencias más crudas del extractivismo minero, a las que hace décadas se añadieron los costes que se derivan de lo que viene a ser la otra cara del extractivismo: el papel de basurero del Estado y ahora también de la Unión Europea. Nerva es hoy un paradigma de los rasgos definitorios de la realidad socioeconómica de Andalucía, marcada de manera fundamental por su posición como área de extracción y de vertidos. Un papel que se ha venido reforzando en las últimas décadas con el apoyo y la complicidad del sistema político, del Estado y sus instituciones.

El vertedero de Nerva fue concebido, propiciado e impuesto hace más de 25 años por el PSOE, que entonces gobernaba en la Junta de Andalucía y en La Moncloa, con una importante colaboración de las dos grandes organizaciones sindicales, CCOO y UGT, localizándose a 700 metros del pueblo y a 500 metros del cauce del río Tinto, al que llegan lixiviados tóxicos, y a un kilómetro del embalse Jarrama, que abastece de agua a los municipios de la cuenca minera. Su origen está en los años 90 cuando en Huelva se programó, para los residuos del polo químico, un vertedero que fue adquirido y usado ilegalmente por la empresa pública de la Junta EGMASA, en el que se descubrieron residuos radioactivos contaminados con CESIO 137 que, fundidos por ACERINOX, procedían de un hospital de Londres. Con este motivo una sentencia del Supremo acabó declarando nulo el decreto de la Junta para la creación de EGMASA. Ante este obstáculo, la Junta miró hacia Gibraleón, que se levantó en contra de la instalación de un vertedero, que finalmente se terminó localizando, con la oposición de gran parte de su población, en el municipio de Nerva. Desde entonces se vienen denunciando por parte de los movimientos sociales que se oponen al vertedero incumplimientos en el volumen de residuos, en las condiciones y en la clase de vertidos, accidentes en el transporte y emisiones de humos, polvo y malos olores que ponen el peligro el medio ambiente y la salud de los habitantes de la cuenca minera. Hoy los residuos peligrosos siguen llegando a Nerva con el informe positivo del PP de la Junta y la autorización del gobierno de coalición liderado por el PSOE en Madrid.

El mismo partido, el PSOE, que inauguró en 1992 las actuales instalaciones del vertedero de residuos radiactivos de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba) y que ahora desde el gobierno “progresista” de coalición propone su ampliación al doble de su capacidad actual ante el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares existentes dentro del Estado, sin que ninguna de ellas se localice en Andalucía. El mismo gobierno, PSOE, IU y Podemos, que como solución a los 120 millones de toneladas de residuos peligrosos depositados durante 40 años en 1200 ha a 500 metros de asentamientos urbanos de la ciudad de Huelva, considerado como el vertedero industrial más importante de Europa, ha aprobado la propuesta de la empresa responsable, Fertiberia, de enterrar y no retirar los residuos tóxicos; una propuesta rechazada por un comité de científicos en el que participan el CSIC y las Universidades de Granada, Cádiz y Huelva. La Junta de Andalucía participa en este despropósito facilitando la Autorización Ambiental Integrada, que se está tramitando en estos días con la oposición de la Plataforma No al Proyecto de Fertiberia liderada por Mesa de la Ría.

En Andalucía, en el conflicto abierto entre el capital y la vida, los gobiernos liderados por el PSOE o el PP en Madrid y/o en la Junta de Andalucía se sitúan sistemáticamente al servicio del proyecto del poder de las élites corporativas, que en el caso de la realidad andaluza significa ahondar en el extractivismo y en el papel de cloaca del Estado y la Unión Europea que venimos desempeñando, alimentándose desde el sistema político nuestra dependencia económica, nuestra subalternidad política y nuestra alienación cultural.

 ANDALUCÍA VIVA se solidariza con los movimientos sociales que vienen oponiéndose al vertedero de residuos peligrosos de Nerva y se suma a sus reivindicaciones, en particular la que exige su cierre inmediato. Al mismo tiempo queremos subrayar que la transformación que hoy necesita Andalucía no puede venir de las instituciones económicas y políticas de la globalización ni del actual sistema de partidos. Tendrá que ser obra de la sociedad civil organizada, del propio pueblo; de ahí la importancia y la necesidad de fortalecer nuestra conciencia y nuestra capacidad de organizarnos colectivamente para crear las condiciones que nos permitan el tránsito de una economía para alimentar el lucro y la acumulación de capital a una nueva economía centrada en la sostenibilidad y el cuidado de la vida. Para poder hacer realidad este tránsito hacia otras formas de vida construidas desde abajo sobre valores y vínculos comunitarios es imprescindible contar con el control de los procesos de toma de decisiones, hoy cada vez más lejos de Andalucía; autogobierno y soberanía para decidir sobre los asuntos que nos incumben.

Plataforma Andalucía Viva.

CÁDIZ 4 DE DICIEMBRE DE 2021

  

MANIFIESTO:

 

          Tras casi cuarenta años de la “autonomía”, Andalucía se mantiene a la cola de casi todas las comunidades del estado español en su nivel de empleo y condiciones de trabajo, renta por habitante o gasto en Sanidad, Educación y Vivienda pública. Nuestra juventud apenas tiene horizontes y muchos de nuestros jóvenes se ven forzados a emigrar como hicieron sus abuelos y abuelas.

Nuestro territorio es utilizado para actividades extractivas que deterioran de forma grave el medio ambiente mientras el valor añadido se produce lejos de nosotros. La desindustrialización es creciente y la economía gira, cada día más, en torno al turismo, convertido en monocultivo en nuestras ciudades históricas y en la costa. Desde Andalucía Viva apoyamos la lucha de los trabajadores/as que  están amenazados con la precarización de sus condiciones de vida y de trabajo con la pérdida de sus empleos. Soportamos la vergüenza de que diez de los quince barrios más pobres del estado español sean barrios nuestros. Nada, o muy poco, se hace para contrarrestar los efectos del cambio climático. Y nuestros mares han sido convertidos, por la cruel política migratoria, en cementerios de esperanzas frustradas. Es cierto que, a lo largo de estos años, ha habido iniciativas positivas, aunque, oscurecidas por estos datos.

          Nuestra identidad andaluza, enriquecida con las aportaciones de distintas culturas a través de la historia, se degrada y folkloriza al ser desactivadas sus significaciones profundas y su potencial liberador para ser convertida en mercancía.

          A pesar de la gravísima situación, los problemas de Andalucía (sus “dolores” como los llamaba Blas Infante) están invisibles. Y es que Andalucía no existe hoy como sujeto político, a pesar de la profundización en la conciencia nacional que significaron el 4 de Diciembre de 1977 y el 28 de Febrero de 1980. Nuestro Pueblo no se autorreconoce como tal, porque ha sido confundido y manipulado.

      Tenemos que reconstruir Andalucía, pero la transformación necesaria de Andalucía no puede venir de la mano de las instituciones económicas y políticas de la globalización. Será obra de la sociedad civil organizada, del propio pueblo, o no será. Nos encontramos ante una encrucijada histórica: debemos decidir si continuar recorriendo el camino por el que nos llevan y al que pretenden reconducirnos o construir un nuevo camino de acuerdo con nuestras necesidades e ilusiones colectivas, de solidaridad y de compromiso. A esa tarea están llamados cuantos andaluces y andaluzas compartamos la necesidad de este cambio de rumbo y la urgencia de tomar el futuro en nuestras manos.

Desde la Plataforma Andalucía Viva, que no pertenece a ninguna sigla partidista, proponemos un Decálogo para orientar la actuación de quienes aspiramos a la construcción de un nuevo futuro para esta tierra. Estos diez ejes son los siguientes:

1.- Exigimos el fortalecimiento de los sectores públicos, en especial de la Sanidad Pública, la Educación Pública, la vivienda y los cuidados a personas y colectivos dependientes y vulnerables. Nos unimos a las peticiones de las distintas mareas: La marea blanca, tan activa en Cádiz, la marea Verde, stop desahucios, plataforma de afectados por la Hipoteca, trabajadoras y trabajadores de la ley de dependencia; madres afectadas por las patologías duales de sus hijos, familias víctimas del consumo de drogas…

2.-Denuncia de las leyes y normas que constituyan violaciones y recortes de los Derechos Humanos o supongan una limitación a las libertades democráticas. Así como mostrar nuestro rechazo permanente a toda forma de clasismo, sexismo, racismo y xenofobia. De igual manera, pedimos medidas efectivas contra la violencia de género.

3.- Exigimos especial atención y apoyo real a quienes sufren situaciones de pobreza y exclusión o forman parte de colectivos vulnerables. Es necesario poner en marcha la Renta Básica Universal e Incondicional para garantizar el derecho básico a la subsistencia.

4.- Debemos conseguir la declaración de Andalucía como territorio libre de armas y de energías nucleares. Rechazamos las bases militares y esa política que pretende convertir a Andalucía en el gendarme del sur de Europa.

5.- Apoyamos las medidas de reactivación de las redes vecinales, deterioradas por tanto individualismo como proclama el sistema. Hay que volver a las calles y plazas de nuestros pueblos, ciudades, y barrios como lugares de encuentro, de vida compartida. Rechazamos los proyectos que deterioran nuestro Patrimonio Cultural, material e inmaterial, mercantilizándolos aún más o convirtiéndolo en parques temáticos sin vida propia.

6.- Creemos que los sistemas públicos de movilidad deben contar con medios no contaminantes, lejos de megaproyectos o grandes infraestructuras y modos de transportes insostenibles ecológica y económicamente. Apoyamos las energías alternativas y su producción a niveles locales y comarcales para hacerlas eficientes; abaratar los costes a los consumidores y avanzar hacia la soberanía energética.

7.-Las políticas y experiencias que fomenten la producción de bienes de uso para cubrir las necesidades del Pueblo Andaluz siendo respetuosas con el medio ambiente y la preservación de nuestros ecosistemas, encontrarán siempre en nosotros todo el apoyo necesario para que logren sus objetivos. Apoyamos el cooperativismo, las formas de trabajo auto gestionadas, el comercio y consumo de proximidad, para avanzar hacia la soberanía alimentaria.

8.- Hay que fomentar nuestra cultura y exigir, que, en los centros de enseñanza, se difunda la historia y la cultura del Pueblo Andaluz. Defendemos, en este contexto, a los medios públicos de información y comunicación independientes de partidos políticos y no sujetos a intereses empresariales.

9.-Creemos en el fomento de los valores democráticos y de mecanismos de efectiva participación ciudadana en los debates y decisiones sobre los asuntos públicos. Apoyamos de manera especial al municipalismo, entendido no solo como actuación dentro de las instituciones sino, sobre todo, como intervención activa de la sociedad civil organizada.

10.- Por último, denunciamos la situación de subordinación política de Andalucía y de las limitaciones e ineficiencias del actual marco autonómico. Exigimos el reconocimiento de Andalucía como Pueblo y, consecuentemente, de su derecho a autogobernarse dotándose de los instrumentos políticos, económicos, sociales y culturales necesarios para avanzar hacia el objetivo de una Andalucía Viva y Libre en la que podamos construir el tipo de sociedad al que aspiramos.

¡¡VIVA ANDALUCÍA VIVA!!

¡¡¡VIVA ANDALUCíA LIBRE!!!

Plataforma Andalucía Viva

DECLARACIÓN DE ANDALUCÍA VIVA ANTE EL CIERRE DE AIRBUS EN PUERTO REAL

La multinacional Airbus ha decidido el cierre de su establecimiento de Puerto Real; un cierre con el que quedarán sin empleo casi 400 personas que trabajan en la factoría más otras 1.500 que lo hacen en las empresas auxiliares de la zona.

Puerto Real, como toda la Bahía de Cádiz, sufre, por enésima vez, las consecuencias de lo que eufemísticamente se viene llamando reconversión industrial para esconder procesos de deslocalización industrial y de adaptación a las necesidades de acumulación del capital global que se saldaron siempre con una sangría en el empleo y un deterioro permanente del tejido social y económico de la zona.

En los 80, los centros de poder económico tuvieron en el PSOE el mejor instrumento para llevar a cabo los “ajustes” necesarios a la vez que la lobotomía para poder transformar el antagonismo en consenso. Desde entonces, las dos grandes centrales sindicales, convertidas en parte del aparato del Estado, han venido garantizando junto al Gobierno un ceremonial que les permite en estos conflictos, bajo la retórica de una supuesta defensa de los intereses de la zona, dejar a salvo las pretensiones e intereses de las grandes corporaciones empresariales implicadas.

En la situación actual, el Ministerio de Industria y los sindicatos CCOO y UGT se han apresurado a alinearse con Airbus para enterrar la planta de Puerto Real, presentando una propuesta desde Madrid, a espaldas de los trabajadores y trabajadoras afectados, que parte de aceptar que la producción de Puerto Real se traslade a otras fábricas prometiendo la creación por parte del Gobierno, en Puerto Real, con dinero público, de un Centro Aeronático supeditado a las ayudas europeas en el que se priorizará la I+D+I.

Airbus ha mostrado muy pronto su satisfacción y conformidad con la propuesta y se ha ofrecido a negociar en esta dirección consiguiendo que se suspendan las movilizaciones por parte de CCOO y UGT en aras de la negociación. Mientras se fraguaba esta propuesta, el propio Ministerio de Industria abogaba, en un alarde de cinismo, “por la consolidación de los centros de Airbus en Cádiz -refiriéndose a Puerto Real y El Puerto-, en un polo industrial de primer orden internacional”.

La Junta de Andalucía, convidado de piedra en este conflicto de primer orden para el futuro de una parte muy importante del tejido industrial andaluz, ha dejado clara su postura con unas declaraciones del Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en las que terminaba diciendo: “al final es una empresa privada, Airbus, la gestora de todas las instalaciones y está en su tejado la decisión de qué va a hacer”.

Una empresa que al tiempo que anunciaba el cierre del centro de Puerto Real inauguraba nuevas instalaciones en Getafe. Este cierre viene a sumarse a la destrucción de tejido industrial que viene sufriendo ya secularmente la economía andaluza al tiempo que se acentúa su papel de economía marginada y subalterna, colonizada desde intereses ajenos y lejanos a Andalucía. Un papel que viene siendo permanentemente reforzado desde el Estado, incluyendo en su órbita a partidos políticos y sindicatos “mayoritarios”, y desde un “Gobierno andaluz” que utiliza su escasa capacidad de decisión para llevar a Andalucía en dirección contraria a la autonomía y a los anhelos expresados por el pueblo andaluz hace más de cuarenta años.

Andalucía Viva quiere expresar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras afectados por el cierre de la fábrica de Puerto Real y mostrar su rechazo a un sistema político dedicado a engordar los intereses de élites que acrecientan su riqueza y su poder a costa del empobrecimiento de la mayoría, intensificando permanentemente el conflicto entre el capital y la vida.

 Un conflicto en el que Andalucía, con una economía vinculada crecientemente a la explotación de su patrimonio natural -hoy a través del turismo de masas, la agricultura intensiva o la extracción de minerales-, funcionando cada vez más como un área de extracción y de vertidos, se ve especialmente perjudicada.

Desde esta posición sólo cabe esperar una profundización de los rasgos estructurales que vienen caracterizando a Andalucía: su dependencia económica, su subalternidad política y su servidumbre cultural.

Como el caso de Airbus pone de manifiesto una vez más, desde Andalucía Viva queremos subrayar la necesidad perentoria de, en lo económico, a la vez que se tratan de mantener los empleos existentes, ir abriendo nuevos espacios organizados colectivamente desde lógicas diferentes a la lógica del lucro y la acumulación. La urgencia de crear las condiciones para transitar hacia una economía en la que los recursos andaluces se orienten a la satisfacción de las necesidades de la población a través de formas cooperativas, comunitarias y autoorganizadas de trabajo que hagan retroceder al trabajo asalariado, dependiente y servil, cada vez más escaso, precarizado y fuera de nuestro control.

 Una transición hacia una economía para el cuidado de la vida que sólo cabe construir desde abajo, fortaleciendo los movimientos sociales, el tejido social y la capacidad de organizarnos como pueblo para hacer posible coger las riendas de los procesos de toma de decisiones, hoy cada vez más lejos nuestra tierra.

Andalucía, 24 de mayo de 2021. PLATAFORMA ANDALUCÍA VIVA

       En los días de confinamiento se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga un Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Nerja y uno de los grandes propietarios de suelo en la costa del Sol: el grupo empresarial Larios. Un Convenio pendiente de aprobación en estos días por el pleno del Ayuntamiento. El proyecto, Maro-Golf, se localiza en el entorno de Maro, en un paraje natural protegido y declarado Bien de Interés Cultural en el que se ocuparán 250 hectáreas propiedad de la familia Larios donde hoy hay más de 300 pequeñas parcelas de uso agrícola.

El proyecto, que incluye la construcción de 680 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos, replica el modelo que rigió el urbanismo en Andalucía bajo el gobierno del PSOE, y que terminó ahondando nuestra situación de pobreza: un modelo en el que se “ordenó” el territorio andaluz a golpe de convenios urbanísticos urdidos en la trastienda de partidos políticos y empresas, actuando los profesionales de la política como gestores o “conseguidores” de negocios hechos en beneficio de ellos mismos y de unos pocos que llenaron sus bolsillos hipotecando el futuro del resto.

Cuando todavía estamos sufriendo las consecuencias de aquellos desmanes, el gobierno del PP se afana en facilitar que aquel expolio pueda reactivarse, amplificando con una nueva vuelta de tuerca las facilidades para poner a Andalucía “en oferta”. En esa dirección, al Decreto 2/2020, dictado en pleno confinamiento y que suprime garantías y elementos de control y regulación en el ámbito del urbanismo y la ordenación del territorio viene a sumarse ahora un proyecto de ley en tramitación, eufemísticamente denominado Ley del Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA), en el que se abre la veda a un urbanismo sin límites al servicio de la especulación y la corrupción urbanística. En este contexto de eliminación de barreras para que los grandes inversores sigan encontrando en el suelo andaluz una fuente de apropiación de riqueza sin reparar en daños, se sitúa el proyecto Maro Golf.

Andalucía Viva quiere mostrar su rechazo a este urbanismo depredador y denunciar esta nueva agresión al territorio andaluz concretada en el proyecto que Larios quiere construir en Maro, que vendría a ser una importante contribución a la destrucción de lo poco que queda a salvo del litoral andaluz. Nos sumamos a las reivindicaciones de la Plataforma “Otro Maro y Nerja es posible”, promovida por Ecologistas en Acción, exigiendo que el gobierno municipal paralice este atropello y proponemos que se plantee un proyecto de futuro para la zona en el que desde lo público se facilite la expansión de experiencias, ya existentes en la zona, de economía organizadas colectivamente fuera de los circuitos de acumulación de capital, fuera de donde la vida se destruye. Desde lógicas que apuesten por una economía y una vida más sostenible, justa y solidaria.

Plataforma Andalucía Viva.
20 julio 2020

Declaración en contra de la determinación del gobierno de la Junta de Andalucía de publicar una convocatoria de selección urgente de 159 plazas de cuerpos superiores y medios en el marco de emergencia del Covid19 con diversas discriminaciones por razón de sexo, salud y edad.

El pasado 8 de julio el gobierno de la Junta de Andalucía abrió un proceso de selección de personal interino temporal para cubrir 159 plazas del cuerpo de funcionarios superior y medio. El procedimiento señalado en la convocatoria duró 24 horas, no se evaluaba la capacidad y mérito de los candidatos y quedaban excluidos diferentes colectivos de riesgo, como mujeres embarazadas o en período de lactancia y mayores de 60 años, o que sufrieran “enfermedades” tales como la diabetes, enfermedades hepáticas, cardiovasculares, pulmonares, renales, neurológicas, neuromuscular, VIH, cáncer crónicas.

El gobierno de la Junta ampara esta convocatoria en el decreto-ley 6/2020 de 30 de marzo, que modificó una norma para facilitar este tipo de procedimiento de urgencia, y en la resolución de 14 de abril de 2020 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, que suspende la regulación habitual de estos procedimientos de selección de personal si se trata de nombramientos de interinos y personal laboral temporal de emergencia para hacer frente al COVID19. Este tipo de convocatoria de empleo público ha sido ensayado ya también para la contratación de personal vigilante de las playas por las medidas excepcionales del COVID19.

 Andalucía Viva quiere denunciar lo que consideramos un escándalo en la instrumentalización de la administración andaluza para la contratación exprés y de posibles casos de enchufismo, la poca claridad de procesos de selección de acceso a la función pública y, por encima de todo, la discriminación por razón de sexo, salud y edad en plazas de empleo público. Asimismo, nos sorprende el silencio de ciertos sindicatos y la escasa crítica de formaciones políticas en la oposición ante un hecho absolutamente discriminatorio, premeditado y amparado en circunstancias excepcionales para la sospechosa práctica de enchufismo y clientelismo. En este sentido, consideramos que este tipo de prácticas se inscriben en una dinámica de instrumentalización de la administración pública en la dirección de eliminar el control de las contrataciones y poner la administración al servicio de los partidos que gobiernan. Esto último es el intento de construcción de una nueva administración paralela, práctica ya ensayada por el PSOE, y que ahora quieren retomar los partidos gobernantes en su propio provecho. Viejas-nuevas prácticas de la vieja-nueva política, esta vez justificadas por la situación de emergencia.

Andalucía 13 de julio de 2020.

PLATAFORMA ANDALUCÍA VIVA