Nerva, está recibiendo estos días una parte de las 110.000 toneladas de residuos peligrosos que está previsto que lleguen desde Montenegro y que aumentarán el deterioro de la vida de una comarca que viene sufriendo secularmente las consecuencias más crudas del extractivismo minero, a las que hace décadas se añadieron los costes que se derivan de lo que viene a ser la otra cara del extractivismo: el papel de basurero del Estado y ahora también de la Unión Europea. Nerva es hoy un paradigma de los rasgos definitorios de la realidad socioeconómica de Andalucía, marcada de manera fundamental por su posición como área de extracción y de vertidos. Un papel que se ha venido reforzando en las últimas décadas con el apoyo y la complicidad del sistema político, del Estado y sus instituciones.
El vertedero de Nerva fue concebido, propiciado e impuesto hace más de 25 años por el PSOE, que entonces gobernaba en la Junta de Andalucía y en La Moncloa, con una importante colaboración de las dos grandes organizaciones sindicales, CCOO y UGT, localizándose a 700 metros del pueblo y a 500 metros del cauce del río Tinto, al que llegan lixiviados tóxicos, y a un kilómetro del embalse Jarrama, que abastece de agua a los municipios de la cuenca minera. Su origen está en los años 90 cuando en Huelva se programó, para los residuos del polo químico, un vertedero que fue adquirido y usado ilegalmente por la empresa pública de la Junta EGMASA, en el que se descubrieron residuos radioactivos contaminados con CESIO 137 que, fundidos por ACERINOX, procedían de un hospital de Londres. Con este motivo una sentencia del Supremo acabó declarando nulo el decreto de la Junta para la creación de EGMASA. Ante este obstáculo, la Junta miró hacia Gibraleón, que se levantó en contra de la instalación de un vertedero, que finalmente se terminó localizando, con la oposición de gran parte de su población, en el municipio de Nerva. Desde entonces se vienen denunciando por parte de los movimientos sociales que se oponen al vertedero incumplimientos en el volumen de residuos, en las condiciones y en la clase de vertidos, accidentes en el transporte y emisiones de humos, polvo y malos olores que ponen el peligro el medio ambiente y la salud de los habitantes de la cuenca minera. Hoy los residuos peligrosos siguen llegando a Nerva con el informe positivo del PP de la Junta y la autorización del gobierno de coalición liderado por el PSOE en Madrid.
El mismo partido, el PSOE, que inauguró en 1992 las actuales instalaciones del vertedero de residuos radiactivos de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba) y que ahora desde el gobierno “progresista” de coalición propone su ampliación al doble de su capacidad actual ante el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares existentes dentro del Estado, sin que ninguna de ellas se localice en Andalucía. El mismo gobierno, PSOE, IU y Podemos, que como solución a los 120 millones de toneladas de residuos peligrosos depositados durante 40 años en 1200 ha a 500 metros de asentamientos urbanos de la ciudad de Huelva, considerado como el vertedero industrial más importante de Europa, ha aprobado la propuesta de la empresa responsable, Fertiberia, de enterrar y no retirar los residuos tóxicos; una propuesta rechazada por un comité de científicos en el que participan el CSIC y las Universidades de Granada, Cádiz y Huelva. La Junta de Andalucía participa en este despropósito facilitando la Autorización Ambiental Integrada, que se está tramitando en estos días con la oposición de la Plataforma No al Proyecto de Fertiberia liderada por Mesa de la Ría.
En Andalucía, en el conflicto abierto entre el capital y la vida, los gobiernos liderados por el PSOE o el PP en Madrid y/o en la Junta de Andalucía se sitúan sistemáticamente al servicio del proyecto del poder de las élites corporativas, que en el caso de la realidad andaluza significa ahondar en el extractivismo y en el papel de cloaca del Estado y la Unión Europea que venimos desempeñando, alimentándose desde el sistema político nuestra dependencia económica, nuestra subalternidad política y nuestra alienación cultural.
ANDALUCÍA VIVA se solidariza con los movimientos sociales que vienen oponiéndose al vertedero de residuos peligrosos de Nerva y se suma a sus reivindicaciones, en particular la que exige su cierre inmediato. Al mismo tiempo queremos subrayar que la transformación que hoy necesita Andalucía no puede venir de las instituciones económicas y políticas de la globalización ni del actual sistema de partidos. Tendrá que ser obra de la sociedad civil organizada, del propio pueblo; de ahí la importancia y la necesidad de fortalecer nuestra conciencia y nuestra capacidad de organizarnos colectivamente para crear las condiciones que nos permitan el tránsito de una economía para alimentar el lucro y la acumulación de capital a una nueva economía centrada en la sostenibilidad y el cuidado de la vida. Para poder hacer realidad este tránsito hacia otras formas de vida construidas desde abajo sobre valores y vínculos comunitarios es imprescindible contar con el control de los procesos de toma de decisiones, hoy cada vez más lejos de Andalucía; autogobierno y soberanía para decidir sobre los asuntos que nos incumben.
Plataforma Andalucía Viva.
Plataforma Andalucía Viva
DECLARACIÓN DE ANDALUCÍA VIVA ANTE EL CIERRE DE AIRBUS EN PUERTO REAL
La multinacional Airbus ha decidido el cierre de su establecimiento de Puerto Real; un cierre con el que quedarán sin empleo casi 400 personas que trabajan en la factoría más otras 1.500 que lo hacen en las empresas auxiliares de la zona.
Puerto Real, como toda la Bahía de Cádiz, sufre, por enésima vez, las consecuencias de lo que eufemísticamente se viene llamando reconversión industrial para esconder procesos de deslocalización industrial y de adaptación a las necesidades de acumulación del capital global que se saldaron siempre con una sangría en el empleo y un deterioro permanente del tejido social y económico de la zona.
En los 80, los centros de poder económico tuvieron en el PSOE el mejor instrumento para llevar a cabo los “ajustes” necesarios a la vez que la lobotomía para poder transformar el antagonismo en consenso. Desde entonces, las dos grandes centrales sindicales, convertidas en parte del aparato del Estado, han venido garantizando junto al Gobierno un ceremonial que les permite en estos conflictos, bajo la retórica de una supuesta defensa de los intereses de la zona, dejar a salvo las pretensiones e intereses de las grandes corporaciones empresariales implicadas.
En la situación actual, el Ministerio de Industria y los sindicatos CCOO y UGT se han apresurado a alinearse con Airbus para enterrar la planta de Puerto Real, presentando una propuesta desde Madrid, a espaldas de los trabajadores y trabajadoras afectados, que parte de aceptar que la producción de Puerto Real se traslade a otras fábricas prometiendo la creación por parte del Gobierno, en Puerto Real, con dinero público, de un Centro Aeronático supeditado a las ayudas europeas en el que se priorizará la I+D+I.
Airbus ha mostrado muy pronto su satisfacción y conformidad con la propuesta y se ha ofrecido a negociar en esta dirección consiguiendo que se suspendan las movilizaciones por parte de CCOO y UGT en aras de la negociación. Mientras se fraguaba esta propuesta, el propio Ministerio de Industria abogaba, en un alarde de cinismo, “por la consolidación de los centros de Airbus en Cádiz -refiriéndose a Puerto Real y El Puerto-, en un polo industrial de primer orden internacional”.
La Junta de Andalucía, convidado de piedra en este conflicto de primer orden para el futuro de una parte muy importante del tejido industrial andaluz, ha dejado clara su postura con unas declaraciones del Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en las que terminaba diciendo: “al final es una empresa privada, Airbus, la gestora de todas las instalaciones y está en su tejado la decisión de qué va a hacer”.
Una empresa que al tiempo que anunciaba el cierre del centro de Puerto Real inauguraba nuevas instalaciones en Getafe. Este cierre viene a sumarse a la destrucción de tejido industrial que viene sufriendo ya secularmente la economía andaluza al tiempo que se acentúa su papel de economía marginada y subalterna, colonizada desde intereses ajenos y lejanos a Andalucía. Un papel que viene siendo permanentemente reforzado desde el Estado, incluyendo en su órbita a partidos políticos y sindicatos “mayoritarios”, y desde un “Gobierno andaluz” que utiliza su escasa capacidad de decisión para llevar a Andalucía en dirección contraria a la autonomía y a los anhelos expresados por el pueblo andaluz hace más de cuarenta años.
Andalucía Viva quiere expresar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras afectados por el cierre de la fábrica de Puerto Real y mostrar su rechazo a un sistema político dedicado a engordar los intereses de élites que acrecientan su riqueza y su poder a costa del empobrecimiento de la mayoría, intensificando permanentemente el conflicto entre el capital y la vida.
Un conflicto en el que Andalucía, con una economía vinculada crecientemente a la explotación de su patrimonio natural -hoy a través del turismo de masas, la agricultura intensiva o la extracción de minerales-, funcionando cada vez más como un área de extracción y de vertidos, se ve especialmente perjudicada.
Desde esta posición sólo cabe esperar una profundización de los rasgos estructurales que vienen caracterizando a Andalucía: su dependencia económica, su subalternidad política y su servidumbre cultural.
Como el caso de Airbus pone de manifiesto una vez más, desde Andalucía Viva queremos subrayar la necesidad perentoria de, en lo económico, a la vez que se tratan de mantener los empleos existentes, ir abriendo nuevos espacios organizados colectivamente desde lógicas diferentes a la lógica del lucro y la acumulación. La urgencia de crear las condiciones para transitar hacia una economía en la que los recursos andaluces se orienten a la satisfacción de las necesidades de la población a través de formas cooperativas, comunitarias y autoorganizadas de trabajo que hagan retroceder al trabajo asalariado, dependiente y servil, cada vez más escaso, precarizado y fuera de nuestro control.
Una transición hacia una economía para el cuidado de la vida que sólo cabe construir desde abajo, fortaleciendo los movimientos sociales, el tejido social y la capacidad de organizarnos como pueblo para hacer posible coger las riendas de los procesos de toma de decisiones, hoy cada vez más lejos nuestra tierra.
Andalucía, 24 de mayo de 2021. PLATAFORMA ANDALUCÍA VIVA
En los días de confinamiento se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga un Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Nerja y uno de los grandes propietarios de suelo en la costa del Sol: el grupo empresarial Larios. Un Convenio pendiente de aprobación en estos días por el pleno del Ayuntamiento. El proyecto, Maro-Golf, se localiza en el entorno de Maro, en un paraje natural protegido y declarado Bien de Interés Cultural en el que se ocuparán 250 hectáreas propiedad de la familia Larios donde hoy hay más de 300 pequeñas parcelas de uso agrícola.
El proyecto, que incluye la construcción de 680 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos, replica el modelo que rigió el urbanismo en Andalucía bajo el gobierno del PSOE, y que terminó ahondando nuestra situación de pobreza: un modelo en el que se “ordenó” el territorio andaluz a golpe de convenios urbanísticos urdidos en la trastienda de partidos políticos y empresas, actuando los profesionales de la política como gestores o “conseguidores” de negocios hechos en beneficio de ellos mismos y de unos pocos que llenaron sus bolsillos hipotecando el futuro del resto.
Cuando todavía estamos sufriendo las consecuencias de aquellos desmanes, el gobierno del PP se afana en facilitar que aquel expolio pueda reactivarse, amplificando con una nueva vuelta de tuerca las facilidades para poner a Andalucía “en oferta”. En esa dirección, al Decreto 2/2020, dictado en pleno confinamiento y que suprime garantías y elementos de control y regulación en el ámbito del urbanismo y la ordenación del territorio viene a sumarse ahora un proyecto de ley en tramitación, eufemísticamente denominado Ley del Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA), en el que se abre la veda a un urbanismo sin límites al servicio de la especulación y la corrupción urbanística. En este contexto de eliminación de barreras para que los grandes inversores sigan encontrando en el suelo andaluz una fuente de apropiación de riqueza sin reparar en daños, se sitúa el proyecto Maro Golf.
Andalucía Viva quiere mostrar su rechazo a este urbanismo depredador y denunciar esta nueva agresión al territorio andaluz concretada en el proyecto que Larios quiere construir en Maro, que vendría a ser una importante contribución a la destrucción de lo poco que queda a salvo del litoral andaluz. Nos sumamos a las reivindicaciones de la Plataforma “Otro Maro y Nerja es posible”, promovida por Ecologistas en Acción, exigiendo que el gobierno municipal paralice este atropello y proponemos que se plantee un proyecto de futuro para la zona en el que desde lo público se facilite la expansión de experiencias, ya existentes en la zona, de economía organizadas colectivamente fuera de los circuitos de acumulación de capital, fuera de donde la vida se destruye. Desde lógicas que apuesten por una economía y una vida más sostenible, justa y solidaria.
Plataforma Andalucía Viva.
20 julio 2020
Declaración en contra de la determinación del gobierno de la Junta de Andalucía de publicar una convocatoria de selección urgente de 159 plazas de cuerpos superiores y medios en el marco de emergencia del Covid19 con diversas discriminaciones por razón de sexo, salud y edad.
El pasado 8 de julio el gobierno de la Junta de Andalucía abrió un proceso de selección de personal interino temporal para cubrir 159 plazas del cuerpo de funcionarios superior y medio. El procedimiento señalado en la convocatoria duró 24 horas, no se evaluaba la capacidad y mérito de los candidatos y quedaban excluidos diferentes colectivos de riesgo, como mujeres embarazadas o en período de lactancia y mayores de 60 años, o que sufrieran “enfermedades” tales como la diabetes, enfermedades hepáticas, cardiovasculares, pulmonares, renales, neurológicas, neuromuscular, VIH, cáncer crónicas.
El gobierno de la Junta ampara esta convocatoria en el decreto-ley 6/2020 de 30 de marzo, que modificó una norma para facilitar este tipo de procedimiento de urgencia, y en la resolución de 14 de abril de 2020 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, que suspende la regulación habitual de estos procedimientos de selección de personal si se trata de nombramientos de interinos y personal laboral temporal de emergencia para hacer frente al COVID19. Este tipo de convocatoria de empleo público ha sido ensayado ya también para la contratación de personal vigilante de las playas por las medidas excepcionales del COVID19.
Andalucía Viva quiere denunciar lo que consideramos un escándalo en la instrumentalización de la administración andaluza para la contratación exprés y de posibles casos de enchufismo, la poca claridad de procesos de selección de acceso a la función pública y, por encima de todo, la discriminación por razón de sexo, salud y edad en plazas de empleo público. Asimismo, nos sorprende el silencio de ciertos sindicatos y la escasa crítica de formaciones políticas en la oposición ante un hecho absolutamente discriminatorio, premeditado y amparado en circunstancias excepcionales para la sospechosa práctica de enchufismo y clientelismo. En este sentido, consideramos que este tipo de prácticas se inscriben en una dinámica de instrumentalización de la administración pública en la dirección de eliminar el control de las contrataciones y poner la administración al servicio de los partidos que gobiernan. Esto último es el intento de construcción de una nueva administración paralela, práctica ya ensayada por el PSOE, y que ahora quieren retomar los partidos gobernantes en su propio provecho. Viejas-nuevas prácticas de la vieja-nueva política, esta vez justificadas por la situación de emergencia.
Andalucía 13 de julio de 2020.
PLATAFORMA ANDALUCÍA VIVA
Haz click en la imagen para acceder al manifiesto:
- EL DISCURSO DE LA “RECONSTRUCCIÓN” Y LA “NUEVA NORMALIDAD”.
Se repite, desde muy diversas instancias y sectores, que tras la pandemia del Covid-19 “nada en el futuro será como antes”. Esta frase esconde que las fuerzas económico-financieras que constituyen hoy el núcleo de poder en el mundo y las instancias políticas que en los distintos países administran sus intereses tienen como objetivo reconstruir ese “antes”: reactivar lo que ha sido dañado por la paralización obligada de la mayoría de los sectores productivos y del comercio internacional debido a la pandemia. De lo que se trata es de reconstruir, de restaurar, el funcionamiento del Sistema de capitalismo globalizado, ultraliberal, colonialista y patriarcal cuyo funcionamiento, destinado a garantizar escandalosos beneficios a una ínfima minoría, está conduciendo a la humanidad al borde del colapso por haber roto los equilibrios del ecosistema planetario debido a la explotación salvaje de la naturaleza. Un Sistema que acentúa cada vez más las enormes desigualdades existentes entre clases sociales, entre pueblos y entre géneros. Lo que en realidad se pretende es que cuando concluya el periodo que aquí están denominando “nueva normalidad” –que deberá durar hasta que se encuentre una vacuna eficaz contra el actual virus- volvamos a la plena “normalidad” anterior, olvidando, entre otras cosas, que la tragedia humana, sanitaria, económica y social por la que estamos atravesando es una consecuencia directa del funcionamiento de ese Sistema definido como “normal”. Y para que ese objetivo sea posible y las mayorías sociales acepten sus consecuencias, se está utilizando el temor al virus para acentuar los sistemas de control en nombre de una supuesta “garantía de seguridad”.
En este contexto, reconstruir Andalucía, como se nos propone de forma insistente, significa reactivar el papel que nos fue adjudicado históricamente de colonia interna del Estado español y, en las últimas décadas, también de la llamada Unión Europea. Es aceptar la división territorial del trabajo que nos ha llevado y nos mantiene en la cola del bienestar y a la cabeza de todas las clasificaciones negativas (desde las de desempleo y pobreza hasta las de inversiones en Sanidad y Educación por habitante). Es asumir nuestra función de suministradores, en beneficio de intereses exteriores, de materias primas y recursos con muy poco valor añadido y de ser un escenario para el turismo masivo, convertido en muchas de nuestras ciudades y comarcas en fuente casi única de ingresos. Es continuar aceptando en nuestro territorio almacenes de residuos tóxicos y bases militares de agresión a otros pueblos. Es asumir el papel de gendarme de Europa frente a los pueblos del Sur.
La “normalidad” a la que pretenden que volvamos es precisamente la que nos ha llevado adonde ahora estamos: a una situación dramática que va a empeorar en los próximos meses. Es la “normalidad” de una Andalucía organizada conforme a intereses que son ajenos a las necesidades y aspiraciones de la inmensa mayoría de las andaluzas y andaluces: una Andalucía en total dependencia, que nos condena a muy altos niveles de desempleo, a empleos precarios y a la emigración forzada de muchos de nuestros jóvenes, incluso de los que tienen una alta formación académica. Una dependencia que se agravará con la aplicación del Decreto de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva, aprobado dentro del “estado de alarma”, que, más allá de la cuestión jurídica de su más que posible parcial inconstitucionalidad por razones de competencias, tiene como objetivo declarado facilitar las inversiones de capital libres de control que destruirán nuestro ya débil tejido empresarial de PYMEs y el tejido social de nuestras ciudades y costas (sacrificadas a la especulación y al turismo masivo) y deteriorarán de forma irreversible nuestro patrimonio natural y cultural. Todo ello, utilizando como justificación la creación de empleos (que serían, en su gran mayoría, empleos-basura).
El recurso contra el citado Decreto interpuesto por el gobierno central y por algunos partidos se limita a cuestiones de índole competencial, sin cuestionar apenas su contenido; lo que es explicable porque, de hecho, las actuales políticas del gobierno autonómico del PP-Cs no son sino una continuación ampliada de las que han venido desarrollando durante casi cuarenta años los sucesivos gobiernos del PSOE. Durante toda la etapa autonómica, Andalucía no ha avanzado en su convergencia con otros pueblos del estado y de Europa, y sí ha profundizado en su dependencia económica, su subordinación política y su alienación cultural. Y es esta dinámica la que se intenta afianzar y acelerar como “salida” a la actual situación: como supuesta solución a las dramáticas secuelas que la actual múltiple crisis está dejando ya en la sociedad andaluza.
- CONSTRUIR UN NUEVO CAMINO PARA TRANSFORMAR ANDALUCÍA
Sin embargo, y a pesar de que pretenden convencernos de que no hay alternativas, sí existe otro camino, otra lógica diferente a la de asumir resignadamente este papel subordinado y suicida. La transformación de Andalucía no será posible de un día para el siguiente pero sí es ya posible, y urgente, trazar otro camino, definir otro rumbo, apoyar y multiplicar experiencias emancipadoras y solidarias, que ya existen de forma incipiente tanto en el ámbito económico como en el cultural, que no tengan como objetivo la obtención de las máximas ganancias posibles sin tener en cuenta sus costes ecológicos, sociales y humanos, sino que, por el contrario, pongan en el centro a las personas, a la vida.
La gran transformación de Andalucía no puede venir de la mano de las instituciones económicas y políticas de la globalización ni del actual sistema de partidos. Será obra de la sociedad civil organizada, del propio pueblo, o no será. Nos encontramos ante una encrucijada histórica: debemos decidir si continuar recorriendo el camino por el que nos llevan y al que pretenden reconducirnos tras estos meses que serían considerados como un simple paréntesis, o construir un nuevo camino de acuerdo con nuestras necesidades e ilusiones. Es preciso explicar con claridad y sencillez las consecuencias de lo uno y de lo otro. La tarea didáctica a realizar es enorme pero imprescindible. Debemos aprovechar el bagaje solidario, de apoyo mutuo y de indignación inteligente que se ha desarrollado estas últimas semanas en muchos de nuestros pueblos y barrios. Es preciso organizarse, sea en los movimientos, asociaciones y colectivos emancipatorios ya existentes como en nuevas redes y colectivos de denuncia, de defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, de solidaridad y de intervención. A la tarea están llamados cuantos andaluces y andaluzas compartamos la necesidad de este cambio de rumbo y la urgencia de tomar el futuro en nuestras manos.
El pueblo andaluz tiene valores y elementos propios de su cultura, posee el bagaje de múltiples experiencias de resistencia y de lucha, y una tradición comunitarista y solidaria, que debemos rescatar del silenciamiento, del desprecio o la folklorización convirtiéndolos en instrumentos con los que comenzar a recorrer este otro camino que nos aleje de nuestra triste situación actual.
No se trata de plantear un programa a la manera del que presentan los partidos políticos integrados en el Sistema. De lo que se trata es de cuestionar el Sistema mismo. De desnudar sus falsedades y las terribles consecuencias de su funcionamiento para los pueblos y las personas, en especial para Andalucía y las andaluzas y andaluces, y para el conjunto de la naturaleza. Más que programas, necesitamos experiencias liberadoras. Más que líderes entendidos a la usanza tradicional, necesitamos pueblo consciente y organizado. Lo fundamental, hoy, es reafirmar el rechazo a cooperar en el siniestro proyecto de hundirnos aún más en el pozo en que nos encontramos; es afianzar nuestra decisión de no aceptar que decidan por nosotros en contra nuestra; es emprender con decisión el nuevo camino.
La concreción de las medidas que hayan de plantearse lo serán, dependiendo de las condiciones objetivas y subjetivas, mientras vamos construyendo el camino. No hay que caer en el espejismo de que todo estaría resuelto si llevamos el libro adecuado en el que supuestamente estén las respuestas a todas las preguntas o si creemos contar con mesías iluminados que nos muestren lo que hay que hacer. Deben surgir de la elaboración colectiva y del análisis de la práctica, y no solo del saber (real o supuesto) de los “expertos” en los diferentes ámbitos fragmentados.
La cuestión clave actual, en esta encrucijada histórica, es distinguir entre lo que nos acerca y lo que nos aleja de la posibilidad de construir ese camino. Para dilucidar esto no existe ningún modelo válido universalmente, aunque sí hemos de aprender de todas las experiencias que, con pretensión emancipatoria, se han sucedido en la historia humana en los diversos lugares y momentos históricos. Pero aunque no haya modelo, sí tenemos necesidad de contar con una brújula para orientarnos y tratar de no caer en errores, trampas y espejismos que dificultarían aún más nuestra marcha. Esta brújula consistiría en la determinación de unos ejes de referencia que nos permitan distinguir entre lo que es adecuado apoyar y lo que es necesario combatir. Unos ejes que luego tendremos que ir desarrollando en sus aspectos concretos, a medida que consigamos ir generalizando la conciencia sobre las raíces de los problemas que padecemos como Pueblo.
Entendemos que, aquí y ahora, cuando desde los ámbitos institucionales nos repiten que hay que contribuir a la reconstrucción, es adecuado plantear un a modo de Decálogo para orientar la actuación de quienes aspiramos a la construcción de un nuevo futuro para Andalucía: un futuro libre de la dependencia, la subordinación y la pérdida de identidad. Estos 10 ejes serían los siguientes:
- Apoyo a las políticas y experiencias que fomenten la producción de bienes de uso para cubrir las necesidades materiales e inmateriales del Pueblo Andaluz y que sean respetuosas con el medio ambiente y la preservación de nuestros ecosistemas. Apoyo al cooperativismo, a la extensión de formas de trabajo autogestionadas y al comercio y consumo de proximidad, para avanzar hacia la soberanía alimentaria. En consecuencia, rechazo de las políticas y medidas que se inscriban en la lógica de la globalización y acentúen la integración dependiente de Andalucía como economía extractivista, centrada en las exportaciones de bajo valor añadido y en el turismo masivo.
- Reconversión del sector industrial, orientándolo hacia las necesidades del bien común y la calidad de vida de la población y eliminando la industria militar y aquellas que constituyan una agresión a la salud y al medio ambiente. Fortalecimiento de los sectores públicos, en especial de la Sanidad, la Educación, la Vivienda y los cuidados a personas y colectivos dependientes o vulnerables.
- Fomento de las energías alternativas y de su producción a niveles locales y comarcales para hacerlas eficientes, abaratar los costes a los consumidores y avanzar hacia la soberanía energética.
- Apoyo a los sistemas públicos de movilidad y a los medios no contaminantes. Oposición a los megaproyectos, grandes infraestructuras y modos de transporte insostenibles ecológica y económicamente e imposición de tasas elevadas a los movimientos de personas y productos por medios de transporte que derrochen energía y sean fuente de contaminación.
- Apoyo a las medidas de reactivación de la vida comunitaria tanto en los centros históricos como en los barrios de nuestras ciudades y pueblos. Apoyo a las políticas que rescaten las plazas y calles como lugares de encuentro y las doten del arbolado y los elementos necesarios para fomentar la convivencia. Oposición a los proyectos que deterioran nuestro ya muy dañado Patrimonio Natural y nuestro Patrimonio Cultural, material e inmaterial, mercantilizándolos aún más o convirtiéndolos en parques temáticos.
- Fomento de nuestra cultura y exigencia de que en los centros de enseñanza se difunda la historia y cultura del Pueblo Andaluz. Apoyo a las iniciativas culturales, sobre todo comunitarias y cooperativistas. Defensa de medios públicos de información y comunicación independientes de partidos políticos y no sujetos a intereses empresariales.
- Exigencia de la declaración de Andalucía como territorio libre de armas y energía nucleares. Oposición a que en nuestro territorio existan bases militares y a su utilización como palancas de agresión contra otros países. Rechazo de las políticas que convierten Andalucía en el gendarme del sur de Europa.
- Denuncia de las leyes y normas que constituyan violaciones y recortes de los Derechos Humanos o supongan una limitación de las libertades democráticas. Exigencia de especial atención y apoyo a quienes sufren situaciones de pobreza y exclusión o forman parte de colectivos vulnerables. Puesta en práctica de la Renta Básica Universal e Incondicional para garantizar el derecho básico a la subsistencia. Oposición a toda forma de clasismo, sexismo, racismo y xenofobia y exigencia de medidas efectivas contra la desigualdad social, la violencia de género y cualquier tipo de discriminación.
- Fomento de los valores democráticos y de mecanismos de efectiva participación ciudadana en los debates y decisiones sobre los asuntos públicos. Exigencia de transparencia y de rendición de cuentas por parte de las administraciones públicas. Especial apoyo al municipalismo, entendido no solo como actuación dentro de las instituciones sino, sobre todo, como intervención activa de la sociedad civil organizada.
- Denuncia de la situación de subordinación política de Andalucía y de las limitaciones e ineficiencias del actual marco autonómico. Exigencia del reconocimiento de Andalucía como Pueblo y, consecuentemente, de su derecho a autogobernarse dotándose de los instrumentos políticos, económicos, sociales y culturales necesarios para avanzar hacia el objetivo de una Andalucía Viva y Libre en la que podamos construir el tipo de sociedad al que aspiramos.
PLATAFORMA ANDALUCÍA VIVA
Mayo 2020.
Antonio Aguilera Nieves, 28 Abril 2020
Estamos solventando muy bien el dilema en la salida de la crisis sanitaria sobre si tenemos que priorizar la salud o reducir el coste económico del parón de actividad productiva y comercial. Estamos haciéndolo bien, porque estamos anteponiendo la salud, porque el análisis, prioridad y sensibilidad colectiva está pidiendo que se atienda primero a la prudencia y se está desplegando el principio de solidaridad. La disciplina que está demostrando la gran mayoría de la sociedad es porque cada día que pasa tenemos más claro que nuestro bienestar no es independiente del de nuestros vecinos, paisanos, del bienestar del conjunto de nuestra comunidad.
Gracias a la crisis sanitaria, se está despejando ese horizonte del que me sentía algo huérfano en los últimos tiempos. Cada día somos más los que tenemos absolutamente claro que cualquier tipo de progreso, para que se consolide, tiene que estar anclado en el pilar básico de la justicia social.
Por eso son cada día menos los que son capaces de defender su oposición al desarrollo y aplicación de una renta social básica, ingreso mínimo vital, o como quieran denominarlo, el sentido y objetivo es el mismo. En la pobreza y desigualdad tenemos un enorme desafío que es estructural y que, por tanto, tiene que abordarse con políticas transversales y estructurales. La idea central cuenta ya con el suficiente consenso para que podamos verla hecha realidad en un plazo razonable, sólo resta afinar los procedimientos y baremos para que llegue a los necesitados, para que el estado pueda soportarlo y para que no se cuelen los abusones.
Para su adecuado diseño y desarrollo, es necesario, como primer orden de premisas, que el legislador reconozca la realidad social. Una economía sumergida importante, unos colectivos vulnerables excesivamente aplastados por una regulación que sigue sin ser adecuadamente progresiva, una amplia masa social que subsiste con su legalidad cogida por pinzas porque en demasiados casos es la única vía que encuentra para vivir dignamente. Pero, a la vez, y de la mano, un colectivo amplio que de la necesidad ha hecho virtud y pone la mano sin ser honesto con el sistema que no son responsables y éticos con sus vecinos y amigos, que no entienden que defraudar al estado es ir contra sí mismos.
Dado que el entramado del problema es extraordinariamente complejo para deshacer todos los nudos a la vez, cuestión que requiere además mucho tiempo por el cambio de concepto cultural que ello conlleva. Dado que la urgencia de las personas necesitadas hace que la implantación de la renta social básica tenga que ser más pronto que tarde, existe una primera decisión que, en mi opinión, serviría para avanzar en todos los planos: que no se coloque en el plano de los ingresos contributivos sino que se canalice mediante el Sistema de Seguridad Social considerándola una prestación social, esto es, una prestación no contributiva.
A la vez, y para no retrasar las medidas por aspectos burocráticos y garantistas, debe tomarse una segunda decisión importante que viene a modificar las pautas de una administración pública hiperbólicamente garantista a priori, es decir, acostumbrada a poner los controles, antes de. En esta ocasión deben alterarse los pasos y la administración debe diseñar el modelo para que todos los recursos que están disponibles para garantizar el adecuado uso final de los presupuestos públicos, se empleen en la comprobación posterior, esto es, desarrollar controles para saber en todo momento y en términos reales si las personas beneficiarias siguen cumpliendo las condiciones necesarias para seguir percibiendo la prestación. Tendremos así una bolsa de beneficiarios más dinámica, pero sobre todo, más justa.
Y la tercera gran decisión pasa por tener absolutamente claro que el ser beneficiario de este tipo de ingresos debe ser considerado, siempre que sus circunstancias físicas y mentales lo permitan, una situación transitoria. Esto es, deben establecerse canales que faciliten que las personas retornen lo más pronto posible a la vida activa, al mercado de trabajo, al ámbito de lo contributivo. Por sostenibilidad del conjunto del sistema, si, pero sobre todo por dignidad, por afán de superación, por orgullo. Tenemos la obligación de marcar pasos que estimulen este progreso.
Esta salida de las personas de lo que puede definirse como una situación personal y profesional precaria supone un logro individual, sin duda, pero también colectivo, porque cada persona que deje de necesitar el ingreso mínimo vital será un testimonio vivo de que el sistema funciona y se convertirá en si mismo en un apóstol del modelo en el que otros quieran mirarse. Esta dinámica acabará, por efecto halo, fortaleciendo y legitimando al sistema en su conjunto, arrinconando picarescas, fraudes y economía sumergida que son precisamente los argumentos que esgrimen los detractores de esta, la renta básica social, que es una medida de legítima justicia social.
Por la importancia de la medida, por los presupuestos públicos que compromete, por las repercusiones sociales y políticas, acertar en el planteamiento y desarrollo del ingreso mínimo vital es cuestión de Estado. Porque es un elemento gordiano de nuestro estado social, el ingreso mínimo vital es necesario que esté bajo el amparo constitucional y por tanto, se garantice su desarrollo de manera uniforme en todos los territorios atendiendo a las necesidades sociales reales. Esto, en la práctica supondrá reforzar el concepto de solidaridad entre comunidades autónomas, cuyos gobiernos deberán evitar prácticas zafias y rastreras que ningunean la dignidad de las personas.
Andalucía, dados los últimos datos socioeconómicos, será uno de los territorios en los que habrá más beneficiarios del ingreso mínimo vital. Las tasas de pobreza, desempleo, renta percápita media, colectivos vulnerables así lo anticipan. No debemos sentirnos orgullosos por ello, pero si estamos legitimados para reclamar con contundencia, justicia social, sin necesidad de remover las cuestiones históricas que nos hayan traído hasta aquí. Simplemente hay muchas andaluzas y andaluces que lo necesitan y que el estado debe amparar su dignidad, por simple, lo decía antes, justicia social.
Junto a esta demanda, nos corresponde hacer un ejercicio colectivo de honestidad y reclamar lo que nos corresponda, pero sólo lo que sea legítimo y, a la vez, ser solidarios, irnos zafando de todas esas pequeñas prácticas fraudulentas que nos quitan parte de la enorme razón que atesoramos. Ir, de verdad practicando la ida y la vuelta, como los grandes palos flamencos, e interiorizar que, si queremos derechos, también tenemos que asumir nuestras obligaciones. Con hacienda, con el ayuntamiento, con nuestros vecinos, con nosotros mismos. Por nosotros mismos.