BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO FUTURO PARA ANDALUCÍA

 

BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO FUTURO PARA ANDALUCÍA

  1. EL DISCURSO DE LA “RECONSTRUCCIÓN” Y LA “NUEVA NORMALIDAD”.

Se repite, desde muy diversas instancias y sectores, que tras la pandemia del Covid-19 “nada en el futuro será como antes”. Esta frase esconde que las fuerzas económico-financieras que constituyen hoy el núcleo de poder en el mundo y las instancias políticas que en los distintos países administran sus intereses tienen como objetivo reconstruir ese “antes”: reactivar lo que ha sido dañado por la paralización obligada de la mayoría de los sectores productivos y del comercio internacional debido a la pandemia. De lo que se trata es de reconstruir, de restaurar, el funcionamiento del Sistema de capitalismo globalizado, ultraliberal, colonialista y patriarcal cuyo funcionamiento, destinado a garantizar escandalosos beneficios a una ínfima minoría, está conduciendo a la humanidad al borde del colapso por haber roto los equilibrios del ecosistema planetario debido a la explotación salvaje de la naturaleza. Un Sistema que acentúa cada vez más las enormes desigualdades existentes entre clases sociales, entre pueblos y entre géneros. Lo que en realidad se pretende es que cuando concluya el periodo que aquí están denominando “nueva normalidad” –que deberá durar hasta que se encuentre una vacuna eficaz contra el actual virus- volvamos a la plena “normalidad” anterior, olvidando, entre otras cosas, que la tragedia humana, sanitaria, económica y social por la que estamos atravesando es una consecuencia directa del funcionamiento de ese Sistema definido como “normal”. Y para que ese objetivo sea posible y las mayorías sociales acepten sus consecuencias, se está utilizando el temor al virus para acentuar los sistemas de control en nombre de una supuesta “garantía de seguridad”.

En este contexto, reconstruir Andalucía, como se nos propone de forma insistente, significa reactivar el papel que nos fue adjudicado históricamente de colonia interna del Estado español y, en las últimas décadas, también de la llamada Unión Europea. Es aceptar la división territorial del trabajo que nos ha llevado y nos mantiene en la cola del bienestar y a la cabeza de todas las clasificaciones negativas (desde las de desempleo y pobreza hasta las de inversiones en Sanidad y Educación por habitante). Es asumir nuestra función de suministradores, en beneficio de intereses exteriores, de materias primas y recursos con muy poco valor añadido y de ser un escenario para el turismo masivo, convertido en muchas de nuestras ciudades y comarcas en fuente casi única de ingresos. Es continuar aceptando en nuestro territorio almacenes de residuos tóxicos y bases militares de agresión a otros pueblos. Es asumir el papel de gendarme de Europa frente a los pueblos del Sur.

 La “normalidad” a la que pretenden que volvamos es precisamente la que nos ha llevado adonde ahora estamos: a una situación dramática que va a empeorar en los próximos meses. Es la “normalidad” de una Andalucía organizada conforme a intereses que son ajenos a las necesidades y aspiraciones de la inmensa mayoría de las andaluzas y andaluces: una Andalucía en total dependencia, que nos condena a muy altos niveles de desempleo, a empleos precarios y a la emigración forzada de muchos de nuestros jóvenes, incluso de los que tienen una alta formación académica. Una dependencia que se agravará con la aplicación del Decreto de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva, aprobado dentro del “estado de alarma”, que, más allá de la cuestión jurídica de su más que posible parcial inconstitucionalidad por razones de competencias, tiene como objetivo declarado facilitar las inversiones de capital libres de control que destruirán nuestro ya débil tejido empresarial de PYMEs y el tejido social de nuestras ciudades y costas (sacrificadas a la especulación y al turismo masivo) y deteriorarán de forma irreversible nuestro patrimonio natural y cultural. Todo ello, utilizando como justificación la creación de empleos (que serían, en su gran mayoría, empleos-basura).

El recurso contra el citado Decreto interpuesto por el gobierno central y por algunos partidos se limita a cuestiones de índole competencial, sin cuestionar apenas su contenido; lo que es explicable porque, de hecho, las actuales políticas del gobierno autonómico del PP-Cs  no son sino una continuación ampliada de las que han venido desarrollando durante casi cuarenta años los sucesivos gobiernos del PSOE. Durante toda la etapa autonómica, Andalucía no ha avanzado en su convergencia con otros pueblos del estado y de Europa, y sí ha profundizado en su dependencia económica, su subordinación política y su alienación cultural. Y es esta dinámica la que se intenta afianzar y acelerar como “salida” a la actual situación: como supuesta solución a las dramáticas secuelas que la actual múltiple crisis está dejando ya en la sociedad andaluza.

  1. CONSTRUIR UN NUEVO CAMINO PARA TRANSFORMAR ANDALUCÍA

Sin embargo, y a pesar de que pretenden convencernos de que no hay  alternativas, sí existe otro camino, otra lógica diferente a la de asumir resignadamente este papel subordinado y suicida. La transformación de Andalucía no será posible de un día para el siguiente pero sí es ya posible, y urgente, trazar otro camino, definir otro rumbo, apoyar y multiplicar experiencias emancipadoras y solidarias, que ya existen de forma incipiente tanto en el ámbito económico como en el cultural, que no tengan como objetivo la obtención de las máximas ganancias posibles sin tener en cuenta sus costes ecológicos, sociales y humanos, sino que, por el contrario, pongan en el centro a las personas, a la vida.

La gran transformación de Andalucía no puede venir de la mano de las instituciones económicas y políticas de la globalización ni del actual sistema de partidos. Será obra de la sociedad civil organizada, del propio pueblo, o no será. Nos encontramos ante una encrucijada histórica: debemos decidir si continuar recorriendo el camino por el que nos llevan y al que pretenden reconducirnos tras estos meses que serían considerados como un simple paréntesis, o construir un nuevo camino de acuerdo con nuestras necesidades e ilusiones. Es preciso explicar con claridad y sencillez las consecuencias de lo uno y de lo otro. La tarea didáctica a realizar es enorme pero imprescindible. Debemos aprovechar el bagaje solidario, de apoyo mutuo y de indignación inteligente que se ha desarrollado estas últimas semanas en muchos de nuestros pueblos y barrios. Es preciso organizarse, sea en los movimientos, asociaciones y colectivos emancipatorios ya existentes como en nuevas redes y colectivos de denuncia, de defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, de solidaridad y de intervención. A la tarea están llamados cuantos andaluces y andaluzas compartamos la necesidad de este cambio de rumbo y la urgencia de tomar el futuro en nuestras manos.

El pueblo andaluz tiene valores y elementos propios de su cultura, posee el bagaje de múltiples experiencias de resistencia y de lucha, y una tradición comunitarista y solidaria, que debemos rescatar del silenciamiento, del desprecio o la folklorización convirtiéndolos en instrumentos con los que comenzar a recorrer este otro camino que nos aleje de nuestra triste situación actual.

No se trata de plantear un programa a la manera del que presentan los partidos políticos integrados en el Sistema. De lo que se trata es de cuestionar el Sistema mismo. De desnudar sus falsedades y las terribles consecuencias de su funcionamiento para los pueblos y las personas, en especial para Andalucía y las andaluzas y andaluces, y para el conjunto de la naturaleza. Más que programas, necesitamos experiencias liberadoras. Más que líderes entendidos a la usanza tradicional, necesitamos pueblo consciente y organizado. Lo fundamental, hoy, es reafirmar el rechazo a cooperar en el siniestro proyecto de hundirnos aún más en el pozo en que nos encontramos; es afianzar nuestra decisión de no aceptar que decidan por nosotros en contra nuestra; es emprender con decisión el nuevo camino.

La concreción de las medidas que hayan de plantearse lo serán, dependiendo de las condiciones objetivas y subjetivas, mientras vamos construyendo el camino. No hay que caer en el espejismo de que todo estaría resuelto si llevamos el libro adecuado en el que supuestamente estén las respuestas a todas las preguntas o si creemos contar con mesías iluminados que nos muestren lo que hay que hacer. Deben surgir de la elaboración colectiva y del análisis de la práctica, y no solo del saber (real o supuesto) de los “expertos” en los diferentes ámbitos fragmentados.

La cuestión clave actual, en esta encrucijada histórica, es distinguir entre lo que nos acerca y lo que nos aleja de la posibilidad de construir ese camino. Para dilucidar esto no existe ningún modelo válido universalmente, aunque sí hemos de aprender de todas las experiencias que, con pretensión emancipatoria, se han sucedido en la historia humana en los diversos lugares y momentos históricos. Pero aunque no haya modelo, sí tenemos necesidad de contar con una brújula para orientarnos y tratar de no caer en errores, trampas y espejismos que dificultarían aún más nuestra marcha. Esta brújula consistiría en la determinación de unos ejes de referencia que nos permitan distinguir entre lo que es adecuado apoyar y lo que es necesario combatir. Unos ejes que luego tendremos que ir desarrollando en sus aspectos concretos, a medida que consigamos ir generalizando la conciencia sobre las raíces de los problemas que padecemos como Pueblo.

Entendemos que, aquí y ahora, cuando desde los ámbitos institucionales nos repiten que hay que contribuir a la reconstrucción, es adecuado plantear un a modo de Decálogo para orientar la actuación de quienes aspiramos a la construcción de un nuevo futuro para  Andalucía: un futuro libre de la dependencia, la subordinación y la pérdida de identidad. Estos 10 ejes serían los siguientes:

  1. Apoyo a las políticas y experiencias que fomenten la producción de bienes de uso para cubrir las necesidades materiales e inmateriales del Pueblo Andaluz y que sean respetuosas con el medio ambiente y la preservación de nuestros ecosistemas. Apoyo al cooperativismo, a la extensión de formas de trabajo autogestionadas y al comercio y consumo de proximidad, para avanzar hacia la soberanía alimentaria. En consecuencia, rechazo de las políticas y medidas que se inscriban en la lógica de la globalización y acentúen la integración dependiente de Andalucía como economía extractivista, centrada en las exportaciones de bajo valor añadido y en el turismo masivo.
  2. Reconversión del sector industrial, orientándolo hacia las necesidades del bien común y la calidad de vida de la población y eliminando la industria militar y aquellas que constituyan una agresión a la salud y al medio ambiente. Fortalecimiento de los sectores públicos, en especial de la Sanidad, la Educación, la Vivienda y los cuidados a personas y colectivos dependientes o vulnerables.
  3. Fomento de las energías alternativas y de su producción a niveles locales y comarcales para hacerlas eficientes, abaratar los costes a los consumidores y avanzar hacia la soberanía energética.
  4. Apoyo a los sistemas públicos de movilidad y a los medios no contaminantes. Oposición a los megaproyectos, grandes infraestructuras y modos de transporte insostenibles ecológica y económicamente e imposición de tasas elevadas a los movimientos de personas y productos por medios de transporte que derrochen energía y sean fuente de contaminación.
  5. Apoyo a las medidas de reactivación de la vida comunitaria tanto en los centros históricos como en los barrios de nuestras ciudades y pueblos. Apoyo a las políticas que rescaten las plazas y calles como lugares de encuentro y las doten del arbolado y los elementos necesarios para fomentar la convivencia. Oposición a los proyectos que deterioran nuestro ya muy dañado Patrimonio Natural y nuestro Patrimonio Cultural, material e inmaterial, mercantilizándolos aún más o convirtiéndolos en parques temáticos.
  6. Fomento de nuestra cultura y exigencia de que en los centros de enseñanza se difunda la historia y cultura del Pueblo Andaluz. Apoyo a las iniciativas culturales, sobre todo comunitarias y cooperativistas. Defensa de medios públicos de información y comunicación independientes de partidos políticos y no sujetos a intereses empresariales.
  7. Exigencia de la declaración de Andalucía como territorio libre de armas y energía nucleares. Oposición a que en nuestro territorio existan bases militares y a su utilización como palancas de agresión contra otros países. Rechazo de las políticas que convierten Andalucía en el gendarme del sur de Europa.
  8. Denuncia de las leyes y normas que constituyan violaciones y recortes de los Derechos Humanos o supongan una limitación de las libertades democráticas. Exigencia de especial atención y apoyo a quienes sufren situaciones de pobreza y exclusión o forman parte de colectivos vulnerables. Puesta en práctica de la Renta Básica Universal e Incondicional para garantizar el derecho básico a la subsistencia. Oposición a toda forma de clasismo, sexismo, racismo y xenofobia y exigencia de medidas efectivas contra la desigualdad social, la violencia de género y cualquier tipo de discriminación.
  9. Fomento de los valores democráticos y de mecanismos de efectiva participación ciudadana en los debates y decisiones sobre los asuntos públicos. Exigencia de transparencia y de rendición de cuentas por parte de las administraciones públicas. Especial apoyo al municipalismo, entendido no solo como actuación dentro de las instituciones sino, sobre todo, como intervención activa de la sociedad civil organizada.
  10. Denuncia de la situación de subordinación política de Andalucía y de las limitaciones e ineficiencias del actual marco autonómico. Exigencia del reconocimiento de Andalucía como Pueblo y, consecuentemente, de su derecho a autogobernarse dotándose de los instrumentos políticos, económicos, sociales y culturales necesarios para avanzar hacia el objetivo de una Andalucía Viva y Libre en la que podamos construir el tipo de sociedad al que aspiramos.

 

PLATAFORMA ANDALUCÍA VIVA

Mayo 2020.

El ingreso mínimo vital como derecho, como obligación.

Antonio Aguilera Nieves, 28 Abril 2020

 

Estamos solventando muy bien el dilema en la salida de la crisis sanitaria sobre si tenemos que priorizar la salud o reducir el coste económico del parón de actividad productiva y comercial. Estamos haciéndolo bien, porque estamos anteponiendo la salud, porque el análisis, prioridad y sensibilidad colectiva está pidiendo que se atienda primero a la prudencia y se está desplegando el principio de solidaridad. La disciplina que está demostrando la gran mayoría de la sociedad es porque cada día que pasa tenemos más claro que nuestro bienestar no es independiente del de nuestros vecinos, paisanos, del bienestar del conjunto de nuestra comunidad.

Gracias a la crisis sanitaria, se está despejando ese horizonte del que me sentía algo huérfano en los últimos tiempos. Cada día somos más los que tenemos absolutamente claro que cualquier tipo de progreso, para que se consolide, tiene que estar anclado en el pilar básico de la justicia social.

Por eso son cada día menos los que son capaces de defender su oposición al desarrollo y aplicación de una renta social básica, ingreso mínimo vital, o como quieran denominarlo, el sentido y objetivo es el mismo. En la pobreza y desigualdad tenemos un enorme desafío que es estructural y que, por tanto, tiene que abordarse con políticas transversales y estructurales. La idea central cuenta ya con el suficiente consenso para que podamos verla hecha realidad en un plazo razonable, sólo resta afinar los procedimientos y baremos para que llegue a los necesitados, para que el estado pueda soportarlo y para que no se cuelen los abusones.

Para su adecuado diseño y desarrollo, es necesario, como primer orden de premisas, que el legislador reconozca la realidad social. Una economía sumergida importante, unos colectivos vulnerables excesivamente aplastados por una regulación que sigue sin ser adecuadamente progresiva, una amplia masa social que subsiste con su legalidad cogida por pinzas porque en demasiados casos es la única vía que encuentra para vivir dignamente. Pero, a la vez, y de la mano, un colectivo amplio que de la necesidad ha hecho virtud y pone la mano sin ser honesto con el sistema que no son responsables y éticos con sus vecinos y amigos, que no entienden que defraudar al estado es ir contra sí mismos.

Dado que el entramado del problema es extraordinariamente complejo para deshacer todos los nudos a la vez, cuestión que requiere además mucho tiempo por el cambio de concepto cultural que ello conlleva. Dado que la urgencia de las personas necesitadas hace que la implantación de la renta social básica tenga que ser más pronto que tarde, existe una primera decisión que, en mi opinión, serviría para avanzar en todos los planos: que no se coloque en el plano de los ingresos contributivos sino que se canalice mediante el Sistema de Seguridad Social considerándola una prestación social, esto es, una prestación no contributiva.

A la vez, y para no retrasar las medidas por aspectos burocráticos y garantistas, debe tomarse una segunda decisión importante que viene a modificar las pautas de una administración pública hiperbólicamente garantista a priori, es decir, acostumbrada a poner los controles, antes de. En esta ocasión deben alterarse los pasos y la administración debe diseñar el modelo para que todos los recursos que están disponibles para garantizar el adecuado uso final de los presupuestos públicos, se empleen en la comprobación posterior, esto es, desarrollar controles para saber en todo momento y en términos reales si las personas beneficiarias siguen cumpliendo las condiciones necesarias para seguir percibiendo la prestación. Tendremos así una bolsa de beneficiarios más dinámica, pero sobre todo, más justa.

Y la tercera gran decisión pasa por tener absolutamente claro que el ser beneficiario de este tipo de ingresos debe ser considerado, siempre que sus circunstancias físicas y mentales lo permitan, una situación transitoria. Esto es, deben establecerse canales que faciliten que las personas retornen lo más pronto posible a la vida activa, al mercado de trabajo, al ámbito de lo contributivo. Por sostenibilidad del conjunto del sistema, si, pero sobre todo por dignidad, por afán de superación, por orgullo. Tenemos la obligación de marcar pasos que estimulen este progreso.

Esta salida de las personas de lo que puede definirse como una situación personal y profesional precaria supone un logro individual, sin duda, pero también colectivo, porque cada persona que deje de necesitar el ingreso mínimo vital será un testimonio vivo de que el sistema funciona y se convertirá en si mismo en un apóstol del modelo en el que otros quieran mirarse. Esta dinámica acabará, por efecto halo, fortaleciendo y legitimando al sistema en su conjunto, arrinconando picarescas, fraudes y economía sumergida que son precisamente los argumentos que esgrimen los detractores de esta, la renta básica social, que es una medida de legítima justicia social.

Por la importancia de la medida, por los presupuestos públicos que compromete, por las repercusiones sociales y políticas, acertar en el planteamiento y desarrollo del ingreso mínimo vital es cuestión de Estado. Porque es un elemento gordiano de nuestro estado social, el ingreso mínimo vital es necesario que esté bajo el amparo constitucional y por tanto, se garantice su desarrollo de manera uniforme en todos los territorios atendiendo a las necesidades sociales reales. Esto, en la práctica supondrá reforzar el concepto de solidaridad entre comunidades autónomas, cuyos gobiernos deberán evitar prácticas zafias y rastreras que ningunean la dignidad de las personas.

Andalucía, dados los últimos datos socioeconómicos, será uno de los territorios en los que habrá más beneficiarios del ingreso mínimo vital. Las tasas de pobreza, desempleo, renta percápita media, colectivos vulnerables así lo anticipan. No debemos sentirnos orgullosos por ello, pero si estamos legitimados para reclamar con contundencia, justicia social, sin necesidad de remover las cuestiones históricas que nos hayan traído hasta aquí. Simplemente hay muchas andaluzas y andaluces que lo necesitan y que el estado debe amparar su dignidad, por simple, lo decía antes, justicia social.

Junto a esta demanda, nos corresponde hacer un ejercicio colectivo de honestidad y reclamar lo que nos corresponda, pero sólo lo que sea legítimo y, a la vez, ser solidarios, irnos zafando de todas esas pequeñas prácticas fraudulentas que nos quitan parte de la enorme razón que atesoramos. Ir, de verdad practicando la ida y la vuelta, como los grandes palos flamencos, e interiorizar que, si queremos derechos, también tenemos que asumir nuestras obligaciones. Con hacienda, con el ayuntamiento, con nuestros vecinos, con nosotros mismos. Por nosotros mismos.

DECLARACIÓN EN CONTRA DEL DECRETO DEL GOBIERNO ANDALUZ DE “MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA”

 

 DECLARACIÓN EN CONTRA DEL DECRETO DEL GOBIERNO ANDALUZ DE “MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA”

 

           El pasado jueves día 6 y en condiciones de muy dudosa legalidad, -con la población en la situación excepcional de confinamiento, tramitado por la vía de urgencia y sin pasar por el Pleno del Parlamento-, se aprobó por el Gobierno andaluz un Decreto de importantes implicaciones sociales y económicas que supone una amplia supresión de garantías y elementos de control y regulación de las actividades económicas; una eliminación de normas que afectan a diferentes ámbitos de entre los cuales cabe señalar en esta declaración los siguientes:

En el ámbito del urbanismo y la ordenación del territorio se reforman dos leyes. La Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) y la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, con el objetivo, se dice, de fomentar la construcción. Las reformas rebajan elementos de control a la hora de planificar nuevos proyectos urbanísticos y eliminan garantías establecidas para preservar la calidad medioambiental. En la tramitación de planes urbanísticos se suprimen los informes de las administraciones sectoriales y se sustituye el régimen de autorización ambiental, dependiente de la Junta, por el de calificación ambiental, mucho más permisivo y que aprueban los ayuntamientos. En determinados casos se sustituye la licencia urbanística por la declaración responsable del constructor, estableciéndose el control a posteriori. Para la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas y aprovechamientos minerales se suprime el procedimiento anterior que incluía una evaluación ambiental sustituyéndolo por un mero informe. Se facilitan intervenciones en el entorno de los bienes de interés cultural, eliminando la autorización preceptiva de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

En el comercio se modifica la Ley de Comercio Interior. Se incrementan y flexibilizan los días y horarios de apertura de los establecimientos comerciales, estableciéndose así un marco “lo menos restrictivo posible” para el comercio. Lo que permitirá, según el Decreto, “incentivar la inversión por parte de grandes empresas promotoras, nacionales o internacionales, en la construcción y puesta en marcha de grandes centros y parques comerciales”. En esta dirección, se facilita y amplía la declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística, con “plena libertad” de apertura y horarios comerciales.

En relación con el turismo se facilita cualquier elemento que sirva para atraer turismo y se suprimen elementos de control. Se eliminan restricciones para acceder a la condición de Municipios Turísticos, para comercializar viajes, para la calificación de viviendas o alojamientos turísticos. Se suprime la obligación de evaluación ambiental en la elaboración de cada Plan General de Turismo en el que ahora “se justificará si se considera que el mismo debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica”. Este mismo criterio se utilizará en los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas.

Se modifica también la Ley de la Salud Pública de Andalucía, estableciéndose en el Decreto que “se reduce directamente el ámbito de proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto en la salud.”

Se reforma también la Ley Audiovisual de Andalucía ante la “conveniencia de favorecer el avance y consolidación del sector privado de la comunicación en Andalucía”, eliminándose “la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local”. Con esta reforma se verá especialmente beneficiada la COPE, emisora de la Conferencia Episcopal que venía emitiendo en medios locales de forma ilegal, abriéndose al mismo tiempo la puerta al desembarco en lo local de otros grandes grupos empresariales de la comunicación muy distantes de Andalucía.

Otros muchos ámbitos de la realidad andaluza de tanta importancia como la gestión del agua, el sector agroalimentario, la pesca o los vertidos se verán también afectados por este Decreto en la misma dirección de desprotección de las actividades locales y eliminación de barreras para facilitar que los grandes inversores sigan encontrando en Andalucía una fuente de apropiación de riqueza sin reparar en daños.

Andalucía Viva quiere denunciar lo que consideramos un auténtico atropello al tejido productivo autóctono, al tejido social andaluz y a las condiciones en las que se desenvuelve la vida en Andalucía. Consideramos este Decreto como una agresión al pueblo andaluz que pone claramente de manifiesto lo que vienen significando para Andalucía dinamización y crecimiento económico desde el lugar que ocupa en la división internacional del trabajo. Desde su posición de economía primaria al servicio de intereses ajenos y lejanos a Andalucía, el crecimiento económico, perseguido como objetivo prioritario por todos los gobiernos “autonómicos” (el actual y los anteriores), supone profundizar en nuestra situación de dependencia económica y subalternidad política y cultural. De modo que este Decreto significa una vuelta de tuerca más en el camino que se viene recorriendo; un camino que lleva a Andalucía en dirección contraria a los anhelos expresados por el pueblo andaluz hace ya más de cuarenta años y reafirma el carácter oligárquico de este sistema con fachada democrática.

Por todas estas razones Andalucía Viva exige la anulación de este Decreto de desregulación, liberalización y privatización que contribuirá a empeorar la ya grave situación que viene padeciendo Andalucía.

Andalucía 5 de abril de 2020.

PLATAFORMA ANDALUCIA VIVA